La feria que apoya Chilecompra donde solo se privilegia a 200 proveedores

Anualmente, desde el 2012 a la fecha, participan alrededor de 150 mil empresas en las licitaciones de Chilecompra. Lo hacen a través del portal Mercadopublico.cl. La gran mayoría son Pymes que pagan una suscripción anual a partir de los 45 mil pesos.

Cómo cabía esperar, surgió aquí una buena oportunidad de negocio y consistente con ello, desde el año 2010, una entidad privada empezó a organizar la feria anual denominada “Expo Femer”. Ésta, con el expreso patrocinio de Chilecompra.

Así, en el recinto de la Estación Mapocho, unas 200 empresas montan puestos de exposición para ser vistos por un potencial de 17 mil  funcionarios públicos de todo el país.

Aritmética simple. Supongamos que cada uno de los 17 mil funcionarios públicos, tienen una renta bruta promedio de 900 mil pesos mensuales, sólo por concepto del día que invierten en ir a esta feria, en vez de no cumplir con sus tareas públicas, equivale a 30 mil pesos diarios por cada funcionario. Si son 17 mil quienes asisten a este evento, corresponden a 510 millones de pesos sólo por concepto de día no trabajado, sin considerar viáticos y traslados, lo que invierte el Estado, solamente para beneficiar a 200 empresas expositoras.

Para ser parte de este selecto grupo, se debe pagar una membresía, cuyo piso mínimo está en los 300 mil pesos y puede hasta superar los 7 millones de pesos, dependiendo de la ubicación y número de metros cuadrados.

El negocio se presenta muy atractivo. La empresa organizadora recauda el valor respectivo por cada estand y Chilecompra aporta los eventuales clientes  de todo el país para que visiten la feria.

El problema es que un esfuerzo traducido en importantes recursos públicos favorece sólo al 0.1%  de las cerca de 150 mil empresas que participan en las licitaciones del Estado. Desde luego, son las más grandes y que cuentan con mayores posibilidades de promover sus ofertas. Aquí caemos en lo de siempre.  Una vez más el Estado deja rezagados a los que más necesitan de su apoyo y se alía con los que tienen más capacidad para valerse por sí mismos.

¿Será esto falta de brújula para orientarse hacia el derrotero natural de una entidad pública?  ¿Con tanta facilidad se pierde de vista el bien común que debe estar dirigido siempre a quienes más lo necesitan?

Si corresponde o no que algún organismo de control del Estado fiscalice esta situación, ya lo veremos; los ciudadanos que sabemos de estas cifras tenemos una opinión formada. Cada cual puede opinar sobre la base de datos que son objetivos.

(Se autoriza su reproducción citando la fuente y sus autores)

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